Promulgada en 2005, la Ley de Financiamiento Educativo N 26.075 marcó un hito en el sistema educativo argentino cuando dispuso de un presupuesto equivalente al 6% del PBI.

Quince años después, nos preguntamos cuánto de esa ley se cumplió, cómo se tradujo en la práctica y qué queda por hacer. Te proponemos, entonces, que revisemos 15 años de aplicación de la Ley de financiamiento educativo.

La ley de financiamiento educativo estableció el incremento del presupuesto destinado a educación hasta alcanzar el 6% del PBI en 2010.

Que Establece la Ley de Financiamiento Educativo y su Importancia

Para el año 2005, la ley de educación vigente no había cumplido con lo propuesto en materia presupuestaria.

Esa situación condujo a que se promulgara la Ley de financiamiento educativo donde se establecieron las fórmulas para garantizar que en el período 2006-2010 el presupuesto destinado a educación alcanzará el 6% del PBI.

Seguida a ella, se promulgó la Ley de educación nacional N 26 206 (2006) vigente hasta el día de hoy. Pero dicha ley educativa no hubiese sido posible si antes no se promulgaba la de financiamiento, así como la ley que fijó un mínimo obligatorio de 180 días de clases, entre otras.

Cuáles Fueron los Avances en Torno al Financiamiento Educativo Tras la Sanción de la Ley

Sin lugar a duda, el gran avance de la ley de financiamiento educativo fue haber llevado el presupuestos al piso del 6% del PBI. Esta modificación era crucial y se reclamaba desde hacía tiempo en las provincias.

Durante la década anterior (los 90), el Estado nacional había transferido a las provincias buena parte de las cargas educativas. Pero no se habían instrumentado los aspectos concernientes a la financiación.

La ley ordenó la responsabilidad de financiamiento de cada uno de los niveles de Estado (municipal, provincial y nacional), a la vez que aseguró una mejora en la equidad de los recursos para las provincias con menos ingresos tributarios (y por ende, con menos recursos).

Es decir, por primera vez la coparticipación serviría, por ejemplo, para que las provincias “más pobres” pudiesen igualar los recursos destinados a educación en un mínimo con aquellas consideradas “más ricas”.

Ley de Financiamiento Educativo y Escenario Actual: 3 Claves que Marcan la Inversión Educativa

Aun en el contexto de pandemia, la discusión nacional acerca de los recursos destinados a educación no ha quedado salvada. Si bien la LFE (Ley de financiamiento educativo) alcanzó su objetivo inicial, a partir del 2010, la asignación de mayores y mejores recursos no ocurrió como se pensó.

Además, el Estado nacional sólo asignó partidas presupuestarias en función de los salarios docentes y poco y nada se ha hecho en materia de formación docente, entre otros pendientes.

En este contexto te proponemos, entonces, repasar juntos tres claves que marcan la inversión educativa en Argentina.

Acerca de la Afectación de Recursos Coparticipables

La primera modificación que introdujo la Ley de Financiamiento Educativo fue la asignación de una cantidad específica de los fondos coparticipables destinados a educación.

Con esa medida se procuró garantizar, por ejemplo y sobre todo, el pago de los salarios docentes de las provincias con menos recursos.

Hasta entonces, conforme la provincia, el salario docente variaba sin un piso que fijara el límite mínimo, un piso. La ley aseguró un mínimo nacional del salario docente y garantizar con fondos nacionales el pago de los salarios en todas las provincias.

A partir de la sanción e instrumentación de la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado nacional debe aportar el 40% de la inversión mínima en educación.

Fondos Salariales Vs. Programas Educativos Nacionales

La ley de financiamiento y sobre todo la Ley de Educación Nacional tienen como objetivo primero garantizar políticas educativas orientadas a la equidad entre jurisdicciones.

Es decir que se trataría de que en cualquier escuela del país, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos destinatarios de la educación básica y superior no universitaria aprendan lo mismo. En la práctica, lamentablemente, sabemos que no ocurre así.

Durante los últimos 15 años el foco de atención del presupuesto nacional destinado a educación ha estado puesto en suplir y compensar las diferencias salariales. Poco y nada se ha destinado a programas educativos

No es un dato menor: solo mediante programas educativos a conciencia y de alcance nacional será factible reducir las brechas de inequidad educativa y desigualdad social que caracterizan a nuestro país.

La Inequidad Provincial

La tercera clave y en estrecha relación con lo anterior es la inequidad educativa entre provincias. Aun cuando la LFE, en relación con otras leyes, garantizó el pago de salarios con un mínimo nacional y los 180 días de clases, la diferencia entre provincias sigue existiendo.

Como vimos, desde el 2010 en adelante, el cumplimiento de los objetivos en relación con el presupuesto del PBI destinado a educación sigue con dificultades. Esto se traduce en una brecha entre las jurisdicciones provinciales.

Un estudio realizado por CIPECC —para el Grupo de Compromiso con el Financiamiento Educativo y Fundación Luminis—, al 2017, revela que en la relación inversión por alumno/ingresos fiscales las provincias, la mitad de las provincias invierte encima de la media y la otra mitad, por debajo.

En el extremo de mayor inversión por alumno se ubican Tierra del Fuego y Neuquén, y en el otro Tucumán y Misiones. Mucho por hacer, ¿verdad?

El Impacto de la Pandemia en el Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo

En este contexto de profundos desafíos y objetivos pendientes, el 2020 sumó la contingencia de la pandemia de COVID-19.

El Estado nacional debió redireccionar recursos para salvar la brecha digital entre aquellos estudiantes (e incluso docentes) que podrían mantenerse conectados con la escuela desde el hogar, frente a quienes, literalmente, quedaban por fuera de toda posibilidad.

La pandemia puso sobre el tapete la necesidad urgente de modificar cuestiones estructurales que incluso, muchas veces nada tienen que ver con la educación.

A fin de cuentas la inequidad en Argentina va mucho más allá del acceso a la educación, en general, y la educación de calidad, en particular.

Ley de Financiamiento Educativo: Próximos Pasos para Alcanzar la Meta de Inversión Educativa

Mucho que hacer y en algunos casos con carácter de urgencia. La meta por delante es alcanzar estándares de inversión educativa, salarios docentes adecuados y el diseño de programas de educación que apunten a la inclusión y la calidad.

En materia de educación, el gran desafío es disminuir las desigualdades estructurales entre jurisdicciones.

No hay fórmulas fijas ni recetas unívocas. Es a los Gobiernos a quienes les compete, en primera medida, generar políticas públicas y de Estado que prioricen el sistema educativo.

Las leyes por sí no cambian las cosas, pero al menos nos permiten reflexionar sobre ellas, generar conciencia acerca de las deudas sociales y poner en agenda cuestiones que nos interpelan desde nuestro quehacer cotidiano.

Conclusión

Sin duda la promulgación de la LFE fue un salto cualitativo en materia de educación argentina. Claro que no ha alcanzado y queda mucho por hacer.

Una vez superada la crisis de COVID-19 será tiempo de ponernos a pensar, como sociedad, qué clase de educación deseamos, cuáles son nuestras prioridades y con base en ellas diseñar un plan de acción.

Hemos recorrido un largo camino, en el que se han hecho muchas cosas en materia de educación. Quedan otras tantas por hacer y es tiempo de que nos pongamos en marcha.

La mayor justicia en un sistema educativo federal de profundas inequidades se perfila, sin controversia alguna, como el gran desafío de la década.

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